
Una nueva herramienta legal — La función preventiva del daño
¿Qué es, cuándo se aplica y para qué sirve?
Esta nueva figura se incorpora al Código Civil a partir de la reforma del 2015, y se transforma en una herramienta seria, cierta y de enorme alcance para situaciones jurídicas que versan sobre la responsabilidad civil, entendiendo ésta como la obligación de reparar todo daño causado a otro sin causa de justificación.
El deber de prevención alcanza a tres posibles instancias del daño:
Cuando el daño aún no se ha producido: el interesado debe acreditar la razonabilidad de la amenaza y la probabilidad de que el daño se produzca, o sea, la acción u omisión antijurídica del legitimado pasivo.
Cuando el daño ya se ha producido: la acción preventiva tendrá como finalidad impedir el agravamiento del daño, por cuanto la prueba resultará mucho más simple y sencilla, bastando acreditar la existencia actual del perjuicio. Aquí hay dos supuestos inclusivos: paralizar la acción dañosa que se está produciendo, evitando su agravamiento; e intentar mitigar las consecuencias dañosas ya producidas.
Presupuestos genéricos para ejercer la acción preventiva
- Un daño amenazante.
- Una conducta antijurídica.
- Una relación de causalidad adecuada.
- La posibilidad material de detener la causación del daño.
No se requiere la atribución de culpa ni negligencia en la posibilidad del daño o amenaza (factor de atribución).
Como conclusión, sólo se requiere la amenaza a la violación del deber de no dañar a otro para que se configure el requisito de la existencia de una acción u omisión antijurídica exigida por el artículo 1710 del CCyC.
Auguramos una muy bienvenida a este conjunto de normas que ensayan una definición anticipatoria de la responsabilidad, buscando desde la propia amenaza de daño una solución jurídica a innumerables situaciones que se aplican en el cotidiano andar de los casos que nos llegan y que dan solución adecuada y rápida a fin de evitar conflictos judiciales eternos y que están fuera del contenido preventivo que debe darse en el marco legal, evitando así los tan temidos tiempos legales eternos, los costos enormes a pagar por quien sufre las consecuencias y, en definitiva, las soluciones que no llegan en los tiempos que los interesados requieren para solucionar sus problemas de orden legal.